Las proyecciones económicas de todos los países se desvanecieron, radicalmente, con la llegada del coronavirus. La pandemia ha traído consigo una crisis económica de proporciones desconocidas, con una evolución incierta y diferente en forma y fondo de la pasada crisis de 2007. Las medidas aplicadas en cada país para frenar la curva han afectado de lleno en los mercados laborales y, en el caso de España, en uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar: las pensiones.
Si bien es cierto que la sostenibilidad del sistema público de pensiones de España no es un tema novedoso, el coronavirus -predeciblemente- agravará aún más esta situación. Tal y como ya sabíamos previamente al Covid-19, la conocida como hucha de las pensiones se estaba quedando vacía en nuestro país debido, principalmente, al aumento de la esperanza de vida de nuestros mayores y la imposibilidad de marcar en positivo la balanza entre gastos e ingresos del pago de las pensiones.
Sin embargo, lo peor todavía estaba por llegar con el coronavirus. El confinamiento ha resultado ser la medida más eficaz para combatir esta enfermedad, a falta de tratamientos o vacuna. Para frenar la velocidad de transmisión del virus, España ha tenido que adoptar medidas estrictas que se han traducido en una parálisis, casi total, de la actividad económica. Muchos sectores se han visto afectados desde marzo hasta mayo y la incertidumbre del futuro ante posibles rebrotes nos hace temer que la crisis se extenderá no solo a corto sino a medio y largo plazo.
Según defiende el Col·legi d’Actuaris de Catalunya nos encontramos ante tres factores determinantes en la caída de ingresos del sistema de pensiones: la disminución en las contribuciones de aquellas empresas que han presentado un ERTE, las reducciones aplicadas a las contribuciones de los autónomos y el incremento en la tasa del paro. Con la aplicación de estas medidas económicas de choque, las previsiones abocan a una reducción sin precedentes de ingresos a la Seguridad Social, que ya debe asumir un déficit anual de 18 mil millones de euros.
Por su parte, el Foro de Expertos del Instituto BBVA Pensiones añade más factores, entre otros el aumento de la jubilación anticipada o la mayor incidencia de la jubilación por incapacidad permanente, que agravan, aún más, la situación. Además, el informe elaborado por estos expertos destaca problemas ya recurrentes en el mercado laboral de España como el empleo precario o los falsos autónomos. Como solución entre las propuestas, los expertos reclaman nuevas políticas públicas y vuelven a hacer hincapié en la necesidad de implantar un sistema como la mochila austriaca, el cual ya estuvo en el foco del interés durante los meses previos al coronavirus.
Además, los expertos están de acuerdo a la hora de señalar quién sufrirá más las consecuencias en las pensiones. Al contrario de lo que se pueda pensar en un inicio, los actuales pensionistas no serán los más perjudicados, sino que más bien han visto crecer sus ingresos y ahorros durante la crisis del coronavirus. Serán, pues, los trabajadores en activo quienes más pueden perder en sus derechos a recibir una pensión en el futuro.
Finalmente, apuntamos otra de las cuestiones en las que parecen estar de acuerdo los distintos expertos y economistas: el error de recurrir a los planes de pensiones en caso de pérdida de empleo o cese de actividad. Esta decisión, medida que aprobó el Gobierno al inicio de la pandemia, debería tomarse en casos de extrema necesidad ya que, como bien hemos comentado en reiteradas ocasiones, los planes de pensiones son instrumentos de ahorro cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida cuando llegue el momento del retiro profesional, pudiendo entenderse como un complemento extra a las pensiones por jubilación. Por ello, puede ser un error tener que recurrir a esta fuente de ingresos del futuro.
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