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¿Y si la financiación de la dependencia dependiera de las CCAA?

Las dificultades que atraviesa el sistema público de pensiones en España han estado de plena actualidad en los últimos meses. Con un déficit de 18.000 millones de euros a finales de 2016, equivalente al 1,7% del PIB, el mayor de su historia, no resultan extrañas todas las dudas que surgen acerca de las dificultades de muchas regiones para asumir el futuro de sus pensionistas.

En la Conferencia de Presidentes del pasado 17 de enero de 2017, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, solicitó al presidente del Gobierno y los demás presidentes autonómicos la creación de un nuevo modelo de financiación de las autonomías.

Asimismo, Cifuentes abrió de nuevo el debate de la financiación de la Dependencia, lo que calificó como “asignatura pendiente del Estado del Bienestar”. Pero, ¿por qué resurge esta preocupación? ¿En qué está fallando la financiación actual?

Modelo de financiación autonómico

Fue en 2004 cuando se celebró la I edición de la Conferencia de Presidentes con el fin de abordar problemas y soluciones de la gestión territorial. En definitiva, cómo gestionar los recursos económicos de las Comunidades Autónomas y en qué modo se deberían repartir el gasto con el Gobierno central. En el caso de la financiación de los distintos factores del Estado de Bienestar, los gobiernos territoriales dedican dos tercios de sus recursos.

En concreto, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, "el 84% del gasto destinado a la Dependencia en esta región lo aporta la Comunidad frente al 16% que corre a cargo del Estado". El objetivo, por lo tanto, es repartir de una forma más equitativa el gasto para Dependencia entre Comunidades Autónomas y el Gobierno Central.

¿A quién afecta la Dependencia?

La Ley de Dependencia define a este colectivo de la siguiente manera: “personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.”

El problema actual va más allá: miles de personas se encuentran en situación de dependencia pero las ayudas no les llegan por la saturación de las Comunidades Autónomas, que no pueden afrontar una mayor partida presupuestaria, lo que hace que muchos opten por buscar soluciones de manera privada. Y es que el reparto de las comunidades con el Estado debería situarse en el 50% del gasto.

Por ejemplo, en un artículo de La Voz de Asturias, se recalca cómo el aporte del Gobierno del gasto en Dependencia de esta región solo llegaría a cubrir en torno a un 15%. Además, según un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, si el Gobierno llegase a aportar el 50%, podrían atenderse 72.000 casos más de personas en situación de dependencia y se generarían unos 20.000 empleos. ¿Imaginas estas cifras a nivel estatal?

¿Cómo crees que podría solucionarse este problema? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte.

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