Para entender mejor cómo atender a las personas en situación de dependencia, es importante tener claro qué es y en qué consiste una dependencia. La conocida como Ley de Dependencia aprobada en 2006 sentaba las bases para la creación de un sistema nacional de atención a los dependientes, cuyo número se estima en torno a los dos millones de personas.
La ley define la dependencia como un estado permanente en el que, por diversos motivos (enfermedad, discapacidad o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial) una persona precisa de la asistencia de otros para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria (como el cuidado personal, doméstico, reconocer personas o llevar a cabo tareas sencillas). Además, distingue entre grados de dependencia según la cantidad de ayuda que precisa el individuo en situación de dependencia para realizar actividades básicas (una vez, dos o tres o varias veces al día).
A partir de ahí, la ley establece un catálogo de servicios a los que todo dependiente tiene derecho a fin de garantizar sus derechos básicos. Estos incluyen:
· Servicios de prevención: Buscan contribuir a la adaptación de la persona en situación de dependencia a sus circunstancias y dotarle de instrumentos para mejorar su desempeño en sus tareas diarias.
· Teleasistencia: A través de telecomunicaciones, se trata de proporcionar apoyo psicológico en situaciones de emergencia, soledad o inseguridad como apoyo a la permanencia en el medio cotidiano.
· Ayuda a domicilio: El Estado subcontrata a empresas especializadas que prestan ayuda a domicilio en el cuidado de la higiene personal y en la realización de tareas domésticas.
· Centros de día y de noche: proporciona centros para el cuidado de los dependientes, según su edad y situación.
· Servicio residencial: disponibilidad de plazas en residencias permanentes.
Sólo en casos muy concretos está prevista la concesión de ayuda económica destinada al sueldo de los cuidadores, aunque cada comunidad tiene competencias para ampliar o gestionar estos servicios básicos.
Precisamente éste ha sido uno de los principales motivos por el que, desde su creación, las previsiones económicas no han cuadrado. Los cuidados familiares, un servicio que la Ley planteaba para casos extraordinarios, se revelaron como una de las principales partidas de gasto, hasta suponer en torno al 50%. En el número 58 de la revista PSNInformación se recoge un amplio reportaje sobre este tema.
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