Cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las personas con discapacidad, una fecha que persigue visibilizar la amplia diversidad de situaciones a las que se enfrentan a diario estos miembros de la sociedad, así como promover el respeto a sus derechos y bienestar. Este año, además, se enfrentan a una especial situación de vulnerabilidad tras la pandemia, por lo que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) pide su presencia en el proceso de reconstrucción.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en torno a un 15% de la población mundial, más de 1.000 millones de personas, cuenta con alguna forma de discapacidad, además de que la gran mayoría de los habitantes del planeta experimentaremos algún tipo de discapacidad, ya sea transitoria o permanente, física o intelectual, en algún momento. Estos cálculos, sin necesidad de tomar en consideración otros factores, deberían bastar para que la conciencia social contase con una postura más realista, justa e inclusiva, pero las cifras de diferentes estudios y organismos ponen de manifiesto que no es así, especialmente en determinados segmentos de la población.
Según datos de diferentes fuentes aglutinados por Naciones Unidas, las mujeres y niñas con discapacidad son especialmente vulnerables a los abusos físicos, el 90% de los niños con discapacidad en el mundo no asiste a la escuela y la tasa de desempleo alcanza el 80% en algunos países. Evidentemente, queda mucho camino por recorrer, y a día de hoy son múltiples los obstáculos a los que se enfrentan, en distinto grado en función de sus características, lugar de residencia y condición social, todas estas personas.
La reducción de las desigualdades, contemplada entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplados para la Agenda 2030, debe ser por tanto un objetivo internacional al que acceder a través de los distintos organismos y entidades. Tristemente, la pandemia mundial a la que nos enfrentamos ha supuesto una nueva traba, en diferentes ámbitos, para las personas con discapacidad, que han sido las más castigadas por la situación de crisis sanitaria a la que nos enfrentamos, y especialmente las personas mayores. Por ese motivo, es esencial no cejar en la lucha por la inclusión y la igualdad de derechos desde el ámbito particular, institucional y gubernamental.
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