El ahorro para la jubilación a través de la empresa establece, como se ha comentado anteriormente, un modelo hipotético de pensiones en el que principalmente se lleva a cabo un desarrollo del segundo pilar, fomentando los planes de pensiones de empresa. Según el estudio, la situación española con bajas tasas de productividad y empleo, así como de crecimiento poblacional, hace que, a largo plazo, este desarrollo proporcione grandes ventajas, especialmente si las aportaciones de las empresas combinan el carácter obligatorio con el voluntario fiscalmente incentivado.
De este modelo, el estudio propone un sistema de pensiones mixto de reparto y capitalización, manteniendo el primer pilar de reparto (el público) basado en la solidaridad intergeneracional, e impulsando los otros dos pilares (previsión personal y profesional) al igual que se han hecho en otros países de nuestro entorno con buenos resultados. De este modelo se reduciría la carga de las prestaciones públicas, obteniendo más recursos para los segmentos de población que no cuentan con capacidad de ahorro, y permitiendo acceder a la previsión complementaria a quienes sí cuentan con ella, aunque sea en un grado muy limitado.
En lo que respecta a la parte obligatoria del sistema de pensiones de empleo, su implantación ha de hacerse progresivamente, comenzando por las empresas más grandes y con programas de inclusión automática de los trabajadores, que a su vez deberían poder desligarse voluntariamente de los mismos. Una posibilidad, como paso previo de esa obligatoriedad, sería que las empresas informasen a sus empleados de la existencia de estos planes, sin que éstas estuvieran en un principio obligadas a realizar estas aportaciones. Sin embargo, no se concluye en el trabajo de Edad&Vida, si las portaciones deben deducirse de los salarios o correr a cargo del empleador, explicando que los agentes sociales deben tener este punto en cuenta de cara a las negociaciones salariales.
Sobre la parte voluntaria se destaca la necesidad de crear una fiscalidad atractiva, no sólo en lo que respecta a las aportaciones, como ya sucede, sino también en lo que se refiere a las prestaciones, que el a actualidad tributan integralmente quizás limitando la tributación al rendimiento.
Los costes del cambio
Lógicamente una transformación de este calado cuenta con importantes implicaciones económicas y sociales, unos costes de transición inevitables para cuya minimización es necesario, según el documento, contar con una visión a largo plazo.
Estos costes se derivan de la brecha generacional en el momento del cambio: cuanto más cercana esté la edad de jubilación de las personas, menos habrán contribuido al plan, por lo que para “garantizar una cobertura idéntica para los jubilados futuros, se van a tener que elevar las cuotas de la Seguridad Social al principio, generando a su vez desincentivos en el empleo, y por tanto en el PIB”.
Dichos efectos serían más palpables durante los primeros años, por lo que la recomendación es alargar dicho período de transición. Por otro lado, mayores tasas de actividad y productividad influirían positivamente, por lo que el Gobierno debería promover políticas en ese sentido. En cualquier caso, la situación será más difícil cuando más tardío sea el cambio, debido a las proyecciones demográficas y sus implicaciones.
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