Si la planificación económica y financiera a largo plazo se impone para el conjunto de los ciudadanos, en el caso de los trabajadores por cuenta propia y los profesionales liberales, resulta imprescindible. Por un lado, para hacer frente a la incertidumbre y el riesgo que asumen, ya que sus ingresos fluctúan de mes a mes, en muchas ocasiones de forma significativa. Por otro, para hacer frente a la jubilación, aunque también a posibles imprevistos a lo largo de su vida activa, porque están menos protegidos frente a accidentes y bajas laborales.
Según datos relativos al primer semestre de 2017, el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) asciende a 3.238.410, cerca del 17,6% de la población activa, que dan empleo directo a más de un millón de personas. Sin embargo, durante el primer trimestre de 2016, el 86,1% de los profesionales por cuenta propia no societarios optaron por la base mínima de cotización a la Seguridad Social, una tendencia que tiene como resultado que la pensión de jubilación media de los trabajadores por cuenta propia no llegue a los 700 euros, frente a los 1.174 euros de pensión media de los asalariados.
Aunque la Ley de Medidas Urgentes al Trabajo Autónomo, recientemente aprobada, recoge varias reivindicaciones históricas del colectivo, no soluciona su particular vulnerabilidad frente a la jubilación, los accidentes y las bajas laborales. Por tanto, los productos de ahorro e inversión a largo plazo, así como los de vida riesgo y responsabilidad civil profesional, son, si cabe, más necesarios para quienes trabajan por cuenta propia.
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