La realidad del aumento de la esperanza de vida y con ello la obtención de una sociedad más longeva es, como no dejamos de comunicar desde este blog, un magnífico logro social que conlleva una serie de modificaciones en muchos de nuestros paradigmas sociales, laborales y económicos. La Ley de Dependencia también supone un gran avance y su correcto desarrollo reflejará la madurez del sistema y de la sociedad española.
En este post indicaremos algunos de los retos a los que nos enfrentamos a la hora de garantizar una vida sana, feliz y segura para las personas dependientes de nuestra sociedad. Son tres las áreas en las que se necesita un claro avance:
- Cultural: no hay cambio estructural sin cambio social
El escenario a construir es el de una nueva relación con nuestros mayores dependientes en el que los servicios y las ayudas queden establecidos de manera sostenible para las generaciones venideras, es decir, nosotros.
Ante ese escenario han de situarse el conjunto de actores clave: políticos, representantes de los colectivos, sindicalistas, empresarios. Sólo en unidad se consigue una mejor capacidad de visión y de creación de nuevos paradigmas sociales.
- Completa implementación de la Ley de Dependencia
Aunque en el último análisis de situación de la Ley de Dependencia publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se indica que en 2015 se completó el proceso de implementación de la norma con la integración de todas las Comunidades Autónomas, la realidad es que quedan muchos pasos que dar para que así sea.
En primer lugar, se ha de garantizar el alcance de la norma a toda la población dependiente. En el Informe de julio de 2017 de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales se reconoce cierto avance tras el frenazo de los recortes de 2012, pero se indica también que en el conjunto es insuficiente. Como indican, se tardará más de cuatro años en acabar con las listas de espera y ayudar a todos los que las necesiten.
- Un nuevo modelo de financiación
Durante el primer semestre del año ha supuesto un gasto global de 3.700 millones de euros, es decir, 86 millones más que en el semestre anterior. La asunción del copago de los ciudadanos se mantiene en un 20,4% del total de gasto y el resto es asumido por las administraciones públicas.
Las diferencias territoriales en el ejercicio del modelo de financiación son cada vez más extremas. Por ello, se ha ido acumulando un recorte desde el año 2012 que se eleva a más 3.000 millones de euros debido a la eliminación de las cotizaciones de cuidadores familiares y a la reducción del 15% del nivel mínimo.
Se necesita incorporar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera un acuerdo de Estado sobre la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), que permita a las comunidades autónomas cumplir con sus obligaciones.
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