La sociedad ha comenzado a tomar conciencia del enorme problema al que se enfrentan las pensiones. Todas las proyecciones anticipan un modelo insostenible, que camina inexorablemente hacia una importante pérdida de poder adquisitivo.
Que el sistema público de pensiones es cada vez más insostenible ya no es ningún secreto. Atrás quedó el asombro ante informaciones que apuntaban al agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social o el hecho de que, año tras año, veremos reducirse el importe de la prestación que comiencen a percibir quienes se van jubilando.
Sin embargo, estos datos que, con cuentagotas, han ido llegando al conocimiento de la opinión pública, no muestran en su totalidad la gravedad del asunto. España ha sido tradicionalmente uno de los países de nuestro entorno en el que los pensionistas han gozado de un nivel adquisitivo más satisfactorio en lo que respecta a su vida laboral, debido a que, aún ahora, la tasa de reposición –es decir, la diferencia entre el último salario y la cuantía de la prestación por jubilación– se encuentra en unos niveles muy superiores al resto de países europeos. Por este motivo, a la población puede costarle creer que verdaderamente el sistema se encuentra al borde del abismo. Y es que existen diversos factores que imposibilitan mantenerlo tal y como está, incluso si tenemos en cuenta las reformas de las pensiones instauradas durante los últimos años.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un informe titulado La salud financiera del sistema público de pensiones español. Análisis retrospectivo, proyecciones de largo plazo y factores de riesgo en el que no se limita a explicar la situación actual, sino que se analizan los motivos de ineficiencia del sistema, generados años atrás, y muestra una visión independiente sobre cuál puede ser la situación desde ahora hasta dentro de varias décadas.
Dos factores de desaceleración
El estudio afirma que, entre 1985 y 2014, el sistema ha sufrido un importante deterioro por dos motivos fundamentales. En primer lugar, evidentemente, el envejecimiento poblacional afecta enormemente a las pensiones, ya que existen menos personas en edad de trabajar, por lo que las aportaciones al sistema se reducen también, a la vez que es necesario abonar más prestaciones de jubilación.
Por otro lado, el crecimiento de la productividad ha sufrido una importante desaceleración, lo que ha llevado a que los salarios, que soportan las cotizaciones sociales, se hayan estancado durante las últimas décadas, afectando directamente a la salud financiera del sistema público de pensiones.
Afortunadamente, durante este período de tres décadas, los efectos de esos dos factores han podido verse aliviados parcialmente, según el informe, “por una mejora de la tasa de ocupación que refleja fundamentalmente la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral, por una gradual reducción de la generosidad de las normas de cálculo de la pensión y por un incremento de los recursos disponibles que recoge, entre otras cosas, la creciente aportación del Estado a la financiación de los complementos de mínimos de las pensiones”.
¿Cuál es la situación actual?
Sin embargo, ese envejecimiento poblacional, que crecerá aún más en las próximas décadas, en las que la generación del baby boom alcance la edad de jubilación, es el principal problema para el sistema, cuyos retos para sortear la situación crecerán hasta hacerse insalvables.
Y es que cada mes se registra un nuevo récord de gasto en pensiones: el pasado agosto fueron nada menos que 8.790 millones de euros, un 3% más que el año anterior. Con ese dinero se abonaron más de 9,5 millones de pensiones, un dato que se ha incrementado mucho desde el inicio de la crisis: actualmente se pagan 1,2 millones de pensiones más que en 2007, pero lo más preocupante del asunto es que se hace con un millón de cotizantes menos que entonces, debido a la destrucción de empleo durante estos años. El ritmo de recuperación del empleo no alcanza en modo alguno a compensar el aumento del número de jubilados: la ratio entre cotizantes y pensionistas, en el que se incluye entre los primeros a los desempleados que reciben prestación, cayó en junio a 2,24 trabajadores por cada retirado, cayendo al mínimo de los últimos 18 años.
Pero quizá nada refleje con tanta claridad las carencias del sistema como los datos relativos a la denominada hucha de las pensiones, un fondo destinado a financiar las prestaciones en caso de necesidad, cuya cuantía se ha venido reduciendo drásticamente durante los últimos años por la necesidad de sacar dinero de ella para abonar las prestaciones. En la actualidad, el Fondo de Reserva se ha reducido a 11.602,16 millones de euros, cuantía por cuya insuficiencia el Gobierno ha pedido un préstamo de 10.192 millones de euros que se transferirá a la Seguridad Social para poder abonar las pagas extra de este año.
El paro de larga duración puede reducir la pensión hasta un 25%
Uno de los grandes dramas que dejó esta última crisis económica fue la destrucción de puestos de trabajo, llevando en muchos casos al desempleo de larga duración. Lógicamente, estos periodos prolongados de ausencia de cotizaciones repercutirán en la pensión de jubilación. Según un estudio del Instituto BBVA de Pensiones, los empleados con un salario medio son los más afectados en este ámbito, pudiendo llegar a perder hasta un 25% de pensión si han estado parados durante cinco años en varias ocasiones. La menor pérdida de poder adquisitivo sería para los perceptores del salario mínimo, un 10,4%. Por otro lado, los sueldos más altos verían recortada su prestación hasta un 12,3%, debido al tope de la pensión máxima.
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