Además de para, recientemente formalizar matrimonios, el notario desempeña una función muy importante en la agilización del sistema judicial y presta varios servicios al ciudadano. A diferencia de abogados o asesores jurídicos, el notario accede por oposición a la condición de funcionario público, aunque no cobre del Estado, sino de la satisfacción de sus honorarios por parte de sus clientes.
El Estado le encomienda la función de “dar fe” de hechos concretos, algo esencial en cualquier asunto legal y, también, en la lucha contra la corrupción. La expresión puede llamar a engaño, pero da lugar a que cualquier acto privado pueda ser investido de entidad legal y, por tanto, resulte adecuado para su presentación ante el juez sin necesidad de tener que probarlo, ya que se considera un hecho.
En este ámbito, los notarios pueden realizar cuatro tipos de documentos con plena validez legal. Por un lado, pueden ratificar que un acto, un escrito o una palabra son ciertos; también pueden recoger testimonio, es decir certificar la autenticidad de una transcripción; realizar una certificación notarial, consistente en asegurar que un relato o documento concretos coinciden con el original; o avalar una copia certificada de un acta o cualquier otro tipo de escritura.
Por otra parte, también desempeñan un papel neutral entre las partes en la custodia de documentos o en procesos sucesorios (herencias o testamentos) o en actas públicas. Existen multitud de casos en los que resultan necesarios. Esta es una diferencia importante respecto a los abogados, que defienden los intereses de cada una de las partes. El notario tampoco cobrará por el asesoramiento previo a la firma de los documentos que vayamos a formalizar con él, aunque sí recibirá el arancel establecido por ley por la firma.
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