Conocido como el ‘impuesto de las hipotecas’, estos meses anteriores hemos oído hablar continuamente sobre el AJD y si era el cliente o el banco quien debía abonarlo. Junto con el IVA y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, es uno de los tres gravámenes a los que hay que hacer frente al comprar una vivienda. Tras varias sentencias, un Real Decreto y un pequeño periodo de confusión, se reabría el debate que supone, como importe medio, alrededor de 2.500 euros.
Impuesto de las hipotecas: Actos Jurídicos Documentados
Regulado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) se aplica a documentos notariales, mercantiles y administrativos. Este gravamen se abona para la formalización de la hipoteca en escritura pública y la cantidad depende, tanto de la hipoteca, como de la comunidad autónoma, por lo que varía entre el 0,5% y el 1,5% de la compraventa.
Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Murcia aplican un gravamen del 1,5%; Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que se sitúa en el 1,25% y, por su parte, en Asturias, Baleares y Extremadura es de 1,2%. Canarias, Cantabria y La Rioja aplican un 1%. Terminando el ranking se sitúa Madrid con el 0,75% y con el 0,50% Ceuta, Melilla, Navarra y País Vasco.
Este impuesto, en el que entra también los gastos de tasación, notaría y gestionaría, supone el 70% de los gastos de constitución de la hipoteca, la mayor cuantía en la firma. Además, España destaca por ser el país europeo con el impuesto por la firma de hipotecas más alto. En los vecinos Francia, Italia o Portugal, donde también existe el AJD, es el cliente quien se encarga de pagarlo.
¿Quién paga finalmente el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados?
La compra de una vivienda resulta una de las mayores decisiones financieras de la vida. Por ello, el alivio inicial de los clientes al no tener que hacer frente a este impuesto tras conocer la decisión del Tribunal Supremo se convirtió en incertidumbre, también para los bancos, después de que este mismo órgano rectificase en su posición.
No obstante, cuando todo apuntaba a que serían los clientes quienes, nuevamente, debían continuar pagando el impuesto, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó, por Real Decreto, que todos los impuestos serían abonados por entidades financieras. Además aseguró que reforzarían la vigilancia en cuanto a las cláusulas abusivas para evitar aquello de lo que ya advirtió el Banco Central Europeo: una posible repercusión a los clientes de esta nueva carga a través de nuevas tasas o mayores tipos de interés.
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