Para aquellos españoles que todavía tienen lejana la edad de jubilación, pero ya están en edad de haber cotizado algunos años, la pregunta sobre la futura existencia de las pensiones puede llegar a convertirse en motivo de desazón. Algunos expertos ya apuntan que la última reforma es sólo el comienzo de una larga tendencia a reducirlas y restringir el acceso a ellas.
Los datos demográficos (cuyas consecuencias hemos examinado) son implacables: las defunciones superarán a los nacimientos ya en 2022, apunta el INE. A partir de entonces, si no se remedia (lo que es difícil, pero no imposible), España habrá perdido 3,5 millones de habitantes y tendrá un número similar de personas inactivas y de aquellas en edad de trabajar (16-64 años) para 2051.
A esto se le sumará un incremento de 7,8 años de la esperanza de vida, que los avances en medicina y cuidado social han situado ya en los 79,1 años. Esto ya resulta problemático hoy en día, pues la jubilación a los 65 años fue introducida en 1919, cuando tan sólo el 10% de la población llegaba a superar esta edad. Hoy la situación es la contraria: el 90% de la población vive una media de 24 años más pasada esta edad.
Los gobiernos europeos (que comparten en distinto grado el mismo tipo de problemas) están reaccionando alargando las edades de jubilación y haciendo más difíciles las condiciones tanto para cobrar las pensiones máximas como para acceder a ellas. Al mismo tiempo, la OCDE ya estimaba en 2011 que el valor de su cuantía se reduciría casi un 10%. La última reforma también apunta en esa dirección, así como la pirámide demográfica española.
En consecuencia, podemos esperar que los debates futuros no sólo giren en torno a cómo salvar el sistema público de pensiones, sino sobre su viabilidad y qué alternativas existen para garantizar una jubilación digna al ciudadano. Entre otros, ya hay quien lo ve desde una perspectiva financiera y llama a invertir.
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