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El desplome del sistema público de pensiones

Como anunciamos en el blog a comienzos de noviembre, hemos querido abordar con profundidad la situación del actual sistema público de pensiones. En nuestro primer post al respecto mostramos una fotografía actualizada de la situación. En este nuevo post nos adentramos un paso más en la situación para facilitar la comprensión y la toma de decisiones al respecto.

¿Qué nos espera en el futuro?

Según el informe al que hacíamos referencia en nuestro primer post, La salud financiera del sistema público de pensiones español. Análisis retrospectivo, proyecciones de largo plazo y factores de riesgo, de Fedea, cuyas proyecciones se basan en un escenario futuro favorable (por ejemplo, en lo que respecta a un crecimiento del empleo, llegando a niveles tan altos que a día de hoy sólo existen en unos pocos países de Europa, y el aumento de la productividad), las medidas implantadas con las reformas de los últimos años se dejarán notar en el futuro, aunque sólo en lo que respecta al incremento del gasto en pensiones, que crecerá de forma moderada. Pero, ¿a costa de qué? De una inevitable y profunda pérdida de poder adquisitivo.

Las próximas décadas apuntan a un estancamiento de población debido a las tendencias de baja natalidad y flujo inmigratorio, junto con un amplio envejecimiento. En este sentido, según el estudio, la tasa de dependencia, referida a la relación entre mayores de 65 años y personas de 20 a 64, pasará del 29,7% de 2014 al 50,1% en las prestaciones en caso de necesidad, cuya cuantía se ha venido reduciendo drásticamente durante los últimos años por la necesidad de sacar dinero de ella para abonar las prestaciones. En la actualidad, el Fondo de Reserva se ha reducido a 11.602,16 millones de euros, cuantía por cuya insuficiencia el Gobierno ha pedido un préstamo de 10.192 millones de euros que se transferirá a la Seguridad Social para poder abonar las pagas extra de este año.

Congelación de las prestaciones

Por otro lado, el gasto en pensiones como porcentaje del PIB, se mantendría estable hasta cerca de 2030 y aumentaría después en 1,5 puntos hasta alcanzar su máximo en 2050. Los ingresos del sistema serían prácticamente planos a lo largo de todo este tiempo y casi en todo momento se situarían muy por debajo de los gastos. ¿Qué significa esto? Si se mantiene la norma relativa al índice de revalorización, que desvincula el crecimiento de las pensiones del IPC mientras que los ingresos del sistema no sean iguales a los gastos, las prestaciones sólo podrían aumentar un 0,25% anual, es decir, continuarían prácticamente congeladas. Lo más grave del asunto es que la inflación crecerá muy por encima de este porcentaje, en torno al 2% anual, lo que implica una grave pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas, con el consecuente empeoramiento de su nivel de vida.

Según Fedea, esta pérdida se podría situar en torno al 30% durante los 20 años de esperanza de vida media a la edad de jubilación. El estudio también presta atención a otros datos de interés. Por un lado, la edad media de jubilación: mientras que en la actualidad no alcanza los 64 años, alcanzará los 68,5 en 2055, estabilizándose ya después en los 67. Por otro lado, hace referencia a la pensión media, cuyo valor se irá reduciendo progresivamente, y en 2070 estará por debajo del 70% del salario que percibía el nuevo jubilado.

Financiación vía impuestos

Es un debate que aún está sobre la mesa: ¿Es posible financiar las pensiones mediante impuestos? ¿Deberían salir las prestaciones de viudedad del sistema, o incluso eliminarse? El análisis de Fedea muestra lo que ocurriría con el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), eliminando sus topes máximo y mínimo (es decir, no contemplando los límites de los porcentajes de incremento a los que están sujetos en función de los ingresos y gastos del sistema), si las pensiones de incapacidad y viudedad se financiasen vía impuestos y no a través de la Seguridad Social. Se plantean tres posibilidades: si estas prestaciones continúan en el sistema, el IRP estará en mínimos durante casi todo el período; excluyendo las pensiones de viudedad, se adelantaría el aumento de la revalorización por encima del tope mínimo a 2060, y haciendo lo mismo también con incapacidad esto sucedería ya en 2019, volviendo a bajar en 2028 y recuperándose de nuevo en 2058. Si bien el escenario mejora mucho para la Seguridad Social, lógicamente, aumentaría el déficit del Estado.

¿Podría ser de otro modo?

El informe de Fedea cuenta con un futuro escenario bastante favorable en lo que respecta a la evolución del empleo y la productividad, y prevé que las medidas puestas en marcha a raíz de las reformas del sistema de pensiones se apliquen hasta entonces tal y como están planteadas en la actualidad, sin ningún cambio. En el estudio se reconoce que si el escenario variase en algún aspecto, lo más posible es que las perspectivas empeorasen, sobre todo si la mejora en los niveles de empleo y productividad no es tan positiva como se estima, lo que no es descartable. No obstante, existe un supuesto en el que el panorama sí podría mejorar: si los flujos de inmigración aumentan, creciendo a la vez la renta y disminuyendo los gastos por pensiones en el PIB.

 

 

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