El Gobierno tuvo que echar mano a la conocida como hucha de las pensiones para hacer frente a la paga extra de los pensionistas el año pasado. En concreto, fue necesario sacar 12.110 millones de euros, lo que ha dejado el fondo de seguridad en 41.634 millones de euros, su nivel más bajo desde 2007. Por otra parte, es el segundo año consecutivo en que el ejecutivo se ha visto obligado a coger dinero de la reserva, lo que confirma un cambio de tendencia decreciente para los recursos del fondo.
Paradójicamente, 2014 fue también el segundo año en que el fondo obtuvo mayores rendimientos de sus inversiones. Sin embargo, es aquí donde reside el actual problema del fondo y una de las razones por las que la cuantía del dinero ahorrado en él no es un buen indicador que garantice nuestras pensiones. Desde 2012, el gobierno ha estado empleando los recursos del fondo para comprar deuda pública española. Si en el año 2008, el porcentaje de deuda pública garantizada por el fondo era del 55%, en 2013 fue ya del 90%. Esto deja muy poca liquidez disponible en caso de emergencia. También resulta contraproducente ya que, si la finalidad del fondo es garantizar el pago de las pensiones en caso de una mala situación económica, el valor de la mayor parte del fondo depende precisamente… de la situación económica.
Esta situación debería hacernos pensar en la creciente dificultad para apoyarnos en una pensión pública en el futuro. En un contexto en el que las contribuciones decrecen y la cuantía de las pensiones está siendo vinculada a la situación económica (como apunta el nuevo método de cálculo de las pensiones de la última reforma fiscal) y teniendo en cuenta una futura y probable reducción de las prestaciones, el ahorro se convierte en una necesidad cada vez más importante para el trabajador español.
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