Es una de las cuestiones que más páginas de prensa y espacios en radio y televisión está ocupando en los últimos meses. ¿Externalizaciones? ¿Privatizaciones? ¿De verdad es más rentable que la empresa privada gestione lo público? Los interrogantes son variados y las opiniones para todos los gustos pero, más allá de posiciones ideológicas, debemos poner sobre la mesa el mayor número de elementos de juicio que nos permita formarnos una opinión lo más completa posible que ayude a resolver los problemas, estos sí incuestionables, que atraviesa el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Existe un encendido debate sobre las ineficiencias del sistema y sobre las soluciones potenciales para atajarlas y hacer sostenible el modelo público. Una de las opiniones más extendidas es la que afirma que las empresas privadas puedan aportar agilidad en la gestión y disponen de herramientas que hacen más operativo el día a día de los centros sanitarios. La cuestión de fondo podría ser la siguiente: ¿Por qué puede la empresa privada gestionar de una manera más eficiente, por ejemplo un hospital, y no pueden aplicarse esos mismos procedimientos en la gestión pública? En la mayoría de casos, los expertos hablan de la inabordable burocracia inherente a la Administración pública.
En PSN llevamos más de un año organizando, en colaboración con la Fundación Ad Qualitatem, un ciclo de conferencias sobre la Calidad en el SNS por el que, hasta la fecha, han pasado diez consejeros autonómicos del ramo. Hablamos de opiniones fundadas y con respaldo. Son 10 de los 17 encargados de dirigir la política sanitaria en las diferentes autonomías que conforman España. Por este foro han pasado políticos de todos los signos, desde los del partido gobernante hasta de los del principal grupo de oposición, pasando por dirigentes de partidos nacionalistas. Pues bien, todos coinciden en un punto: el sistema actual ya no sirve.
La crisis ha puesto de manifiesto carencias ya conocidas del modelo pero que hasta ahora no habían sido afrontadas adecuadamente, más bien se habían escondido debajo de esa alfombra llamada déficit bajo la cual todo cabía. El problema ha estallado en las mismas narices de cada autonomía (en la medida que la competencia está transferida) y del propio Ministerio de Sanidad. “Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo”, afirman unos. Otros, en cambio creen que no podemos tener certezas válidas en tanto no se miden los resultados como se debiera. En este sentido, la sanidad privada está promoviendo estudios que tratan de arrojar algo de luz sobre qué hacen, cómo lo hacen y con qué resultados. Y, en ese esfuerzo de transparencia está implícita una petición (expresa) al sistema público para que mida sus resultados. Para que los haga públicos y permita así la necesaria comparación de tiempos de espera, calidad asistencial y otros parámetros que posibilite decir, con más certezas, esto lo hace mejor la pública o esto lo gestiona mejor la privada.
Medir y comparar es fundamental, en tanto se podrían potenciar necesarias sinergias que ayuden a hacer realmente viable el sistema sanitario de todos. Lo que no debemos perder de vista es que para que el modelo sea sostenible hace falta dinero y ese capital no es gratis. Sale del bolsillo de todos los contribuyentes, del esfuerzo laboral y salarial de todos los profesionales o de la paciencia de los ciudadanos que hacen uso del SNS. El consejero catalán, Boi Ruiz, lo dejó claro en su intervención en el Ciclo de PSN: “El sistema sanitario se ha sostenido gracias a los salarios de los profesionales, las listas de espera y la industria”. Y añadió que al modelo actual ya no le queda más recorrido porque todos los ahorros que a partir de ahora se generen ya están predestinados a pagar deuda.
España cuenta con un colectivo de profesionales sanitarios fantástico que ha jugado un papel decisivo en el buen funcionamiento del SNS pero no puede cargar sobre sus hombros las consecuencias de la situación económica. La situación que atraviesa nuestro actual modelo es, sin duda, compleja y lo más importante es utilizar todos los mecanismos al alcance para sostenerlo.
Es evidente que la mayor parte de los ciudadanos, por no decir todos, queremos una atención pública accesible y de calidad, lo más rápida posible, y lo más eficiente en el control del gasto. Con ese objetivo se debe trabajar y, para lograrlo, es fundamental apartarse de juicios partidistas y generalizaciones interesadas. Queremos la mejor atención posible y la misión del Estado es la de garantizar que así sea. Es ahí donde debemos exigir como ciudadanos que cumpla con su función.
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