Prestar atención a las estrategias de otros sistemas de pensiones puede aportarnos ideas sobre cómo garantizar la viabilidad del nuestro. El debate en España permanece estancado en cómo garantizar las pensiones de una sola forma: a través del Estado. Sin embargo, dentro del mandato constitucional del artículo 50 de nuestra Carta Magna, nada estipula que las pensiones tengan que ser gestionadas obligatoriamente por el Estado. Las pensiones han de estar garantizadas por los poderes públicos, pero no necesariamente administradas. Es aquí donde la cooperación con un sector privado bien regulado puede traer grandes beneficios, tal y como ha sido el caso en EE.UU.
El programa que más éxito ha tenido de su variado sistema mixto (ver la imagen) han sido los planes 401 (k) y, en su defecto, los IRA. Empleador y trabajador colaboran en el pago de la futura pensión del segundo reteniendo y complementando un porcentaje del salario que será invertido en renta variable. En concreto, los menores de 50 años pueden aportar un máximo de 17.000 dólares anuales (ajustados a la inflación). A partir de esta edad, el tope se eleva 5.000 dólares anuales más para “compensar” (por la edad, para dar un último empujón). Por su parte, el empleador ajusta un porcentaje del salario del empleado que “compensará”. Es decir: por cada dólar que el empleado asigne a su fondo de pensiones, la empresa aportará 50 céntimos u otra cantidad fija hasta un tope (típicamente el 3-6% del salario del trabajador).
Una vez apartada la aportación al plan de pensiones, la empresa ofrece varias opciones de inversión al trabajador a través de mutuas, corredurías de bolsa o incluso agencias de seguros. El empleado tendrá control en todo momento sobre cuándo y dónde se invertirá su dinero, ocupado en rentar. A esto se le añade la exención fiscal de estos fondos hasta el momento del retiro. De modo que el dinero aportado tiene mayor potencial de rentabilidad y, en el momento de recurrir al él, tanto el estado como el trabajador se benefician de la inversión. El sistema es lo suficientemente flexible como para permitir al trabajador retirar su dinero con antelación (la edad en la que se suele permitir ronda los 59 años y medio, siendo la edad de jubilación los 66 años), pero bajo una penalización del 10%. Existen excepciones, como la compra de la primera vivienda, gastos derivados de una discapacidad súbita, pagar la universidad de los hijos o abonar una hipoteca a fin de evitar el desahucio. El sistema también contiene distintos mecanismos que permiten que nuestro dinero nos siga o pase a nuestro control directo si cambiamos de empleo o lo perdemos.
En definitiva, con buenas perspectivas de sostenibilidad a medio plazo, los planes 401 (k) son uno de los recursos más populares en EE.UU. para preparar la vejez por parte de millones de familias. Muestran a la perfección el potencial de colaboración entre el sector público y el sector privado a la hora de aportar un servicio social esencial: la tranquilidad en la jubilación.
Vía | El Economista
Más información | Sintentia
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