En el transcurso de una jornada celebrada a principios del pasado mes de diciembre, el Dr. Julio Mayol, director médico y de la Unidad de Apoyo a la Innovación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, utilizó la alergia a la penicilina y sus derivados como muestra de la importancia de hacer posible el acceso a la historia clínica de los pacientes –algo así como su biografía sanitaria– desde cualquier centro de salud u hospital. Aunque preguntar a cada persona si está diagnosticada de alguna alergia –respiratoria, alimentaria o medicamentosa– antes de proceder a cualquier acto médico forma parte del protocolo sanitario, ser ingresado de urgencia en una comunidad autónoma distinta a la propia puede entrañar riesgos.
El artículo 18 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, conocida como "Ley de autonomía del paciente", establece que el ciudadano tiene derecho de acceso a la documentación incluida en su historia clínica y a obtener una copia de los datos que figuran en ella. Sin embargo, en plena era digital, la historia clínica solamente es accesible desde el servicio de salud de la comunidad autónoma correspondiente, siempre y cuando la persona en cuestión sea usuaria de la sanidad pública. Si utiliza los recursos de la asistencia sanitaria privada, la cuestión se complica todavía más, ya que los distintos proveedores sanitarios (grupos de clínicas y/o hospitales) no comparten datos, sino que son competencia.
Una eficiencia cuestionable
Además de las dificultades de acceso a los propios datos, tanto los ciudadanos como el propio sistema sanitario se encuentran con otro obstáculo: la necesidad de repetir pruebas médicas cada vez que una persona decide saltar de la pública a la privada, y viceversa, o de un proveedor sanitario privado a otro. Esta realidad somete a los pacientes a molestias en ocasiones innecesarias y, evidentemente, puede suponer un despilfarro, ya que muchas de las pruebas diagnósticas actuales son caras.
Por otro lado, esta descoordinación va acompañada todavía por ciertas deficiencias, o cierta falta de rigor, en la misma elaboración de las historias clínicas por parte de los médicos, que no siempre introducen correctamente los datos, los introducen de forma incompleta o, simplemente, no consideran relevantes algunos detalles para el problema de salud concreto que están tratando y los omiten, pese a que pudieran ser de interés en un futuro.
En este contexto, surge la necesidad de llegar a un consenso entre los servicios de salud de las distintas comunidades autónomas y, paralelamente, entre la asistencia sanitaria pública y la privada. Urge establecer un modelo y un sistema tecnológico comunes, en los que el paciente sea el verdadero propietario de sus datos clínicos, como marca la ley, y los profesionales tengan la seguridad de que la historia clínica alberga la información recogida por todos los centros por los que el paciente ha ido transitando.
En España, la necesidad de establecer un sistema interoperable surgió en paralelo a la progresiva incorporación de la historia clínica digital a finales de la pasada década… y seguimos esperando. Además, ya en un primer momento se cometió un error 'de bulto': permitir que cada comunidad autónoma desarrollase su particular sistema informático, en lugar de buscar el consenso desde los inicios.
Sin embargo, a nadie le cabe duda de que la integración de los sistemas tecnológicos juega un papel importante en la seguridad del paciente y supondrá un desahogo en el consumo de recursos sanitarios, evitando duplicidades en consultas y pruebas diagnósticas, además de reducir errores médicos y, por lo tanto, mejorando los resultados de salud. Esta certeza está haciendo que surjan iniciativas como la plataforma "Mi e-Salud", de IDIS, a través de la que el paciente puede compartir con el profesional sanitario su información de salud, custodiada en cualquier centro adscrito al proyecto, independientemente de que su titularidad sea pública o privada.
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