A lo largo de 2017, en este blog hemos ido siguiendo la evolución de la aplicación de la Ley de Dependencia con detalle, verificando las dificultades de su implementación y a pesar de sus11 años de existencia en nuestro país.
El pasado martes 27 de marzo el Gobierno aprobó con carácter de urgencia el Anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado 2018. En él se aprueba una partida destinada a la Ley de Dependencia incrementada en 46 millones respecto al ejercicio anterior. Esta cuantía queda pendiente de las aportaciones de las Comunidades Autónomas, estimadas en 185 millones. Por cada euro que debe transferir el Estado, cada Autonomía está obligada a acreditar el uso de 4 euros de gasto en personas atendidas (algo que hoy no pueden cumplir debido al modelo de financiación).
Según datos proporcionados por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicio Sociales, el presupuesto dependencia para 2010 fue de 1.582 millones para 479.888 atendidos, de 737.958 con derecho (258.070 en lista de espera). El presupuesto dependencia para 2018 es de 1.401 millones para 954.831 atendidos de 1.264.951 con derecho (310.120 en lista de espera) a 1 de enero de 2018, un 24,51% del total de dependientes.
Desde esta Asociación cifran el recorte acumulado para el gasto público ha sido de 4.600 millones de euros.
Desde su Observatorio de la Dependencia facilitan así mismo las cifras del coste global del sistema en 7.600 millones de euros, de los cuales, la AGE asumió el 16,0% del coste global, los usuarios un 20,5% y las CC.AA el restante 63,5%.
El Observatorio indica que durante 2017 el SAAD, Sistema para la autonomía y atención a la Dependencia, se ha reactivado (pero parece ser que con servicios de bajo coste a dependientes de Grado I). El sistema generó el pasado ejercicio 218.370 empleos directos.
Así, los datos públicos que se manejan hablan de 954.831 personas atendidas en el sistema, 89.267 más que el año anterior. Un tercio de estas personas son mujeres (65%). El 72,2% son pensionistas (+ de 65 años) y más de la mitad (54,6%) tienen más de 80 años. Por el lado claramente negativo, debemos hablar de 38.000 personas fallecidas sin haber podido acceder a sus derechos como dependiente: 100 personas al día.
En referencia a las Comunidades Autónomas, se destaca que existen gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Las tres comunidades con mayor puntuación en la aplicación son: Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y las tres comunidades con peor resultado son Cataluña, Baleares y Canarias.
Debido, por tanto, a todas las carencias que existen en la actualidad en la Ley, el sector asegurador ha diseñado soluciones para este tipo de situaciones. PSN cuenta con experiencia en el campo del seguro de dependencia: el Grupo lleva años trabajando en este ámbito y fue la primera aseguradora en contar con una gama de seguros de esta tipología.
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