El sistema sanitario español vuelve a estar en el punto de mira. El pasado 14 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció frente a la normativa española que permite enlazar contratos de duración determinada en el sector sanitario, sentenciando la ilegalidad de esta práctica como contraria al Derecho de la Unión Europea, y dictaminando que su uso solo puede estar justificado para atender necesidades temporales.
¿Pero cómo comenzó todo este proceso?
Debemos remontarnos casi 7 años atrás, cuando María Elena Pérez López prestó de manera ininterrumpida servicios como enfermera en el Hospital Clínico de Madrid entre febrero de 2009 y junio de 2013, con contrataciones de carácter temporal, sin vacaciones remuneradas y sin indemnización por cese de contrato. El TJUE entiende que la enfermera trabajó en consecuencia de manera ininterrumpida durante todo ese período, y señaló que los sucesivos nombramientos de la afectada "no parecen responder a meras necesidades temporales del empleador".
Pero el de María Elena no es un caso aislado. Las protestas por parte del personal y los numerosos recortes que han afectado al sector durante los últimos años, han llevado a numerosos profesionales del sector sanitario, en la misma situación de precariedad laboral, a sumarse a la causa. Según datos de la tercera oleada del “Estudio sobre la situación laboral de los médicos en España”, el 41% de los médicos que trabajan en la sanidad pública y no tiene plaza en propiedad lo hace con contratos precarios.
El Tribunal de Justicia de la UE sentencia la situación
Y es que, a fecha de hoy, son numerosos los profesionales, en especial enfermeros, que se encuentran ante situaciones de injusticia laboral en el sector, con contratos temporales sucesivos que se extienden durante años y que atienden a demandas permanentes de los servicios sanitarios.
La Organización Médica Colegial (OMC) es clara en este aspecto y define la precariedad laboral de los facultativos como contratos de menos de seis meses de duración, lo que provoca un descenso en la calidad de la sanidad y en la motivación de los profesionales, que sólo se salva gracias a los valores propios de la profesión.
Este conflicto, que ha sido denunciado en el último mes por más de 12 trabajadores españoles, deja entrever, de cara a la legislación europea, una situación de precariedad laboral. Los contratos temporales deben utilizarse para cubrir necesidades puntuales de personal y no para realizar una actividad laboral como estatutario fijo, como parece ser el caso de la enfermería española.
La sentencia ha puesto en el punto de mira la gestión de las autoridades españolas respecto al sistema sanitario y sus trabajadores recordando la importancia de establecer medidas suficientemente efectivas y disuasorias para prevenir los abusos de los contratos temporales.
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