La dependencia, en nuestro país, se aborda, desde la perspectiva política, con pocos recursos. Es habitual oír hablar de casos que vieron cómo sus solicitudes no prosperaron y se quedaron esperando las ayudas que habían solicitado y con las que hacer frente a la situación de vulnerabilidad que soportan muchas familias.
Pero hoy en día, en nuestra sociedad, no son sólo las personas con discapacidad las que luchan cada día por completar hitos que para otros son algo cotidiano. También los ancianos o lesionados que deben afrontar las distintas dificultades derivadas de su situación.
Hoy en día, son muchos los edificios, museos, lugares públicos, escuelas y monumentos que excluyen a este tipo de público con sus barreras arquitectónicas y otras dificultades añadidas.
Y en cuanto al trabajo
A menudo ese 15 % de la población que presenta algún tipo de capacidad reducida se ve relegado a la dependencia económica. Las limitaciones educativas, así como la poca disposición estatal para presentar proyectos laborales adaptados y con resultados, limitan su autonomía y la de los familiares.
Esta situación, que debería ser responsabilidad de todos, puede tener consecuencias muy negativas para este colectivo: agravio psicológico, exclusión, estigmatización...
Tan solo hay que imaginar que la persona esté deseando demostrar que es capaz de trabajar y ser solvente, independizarse y cuidarse por sí mismo. Pero, aun así, necesita ayuda para coger un autobús, no sirve cualquier taxi, algunas calles no la puede cruzar e, incluso, hacer turismo es casi misión imposible.
Si a ello se suman unos padres jubilados y con una pensión muy modesta, la cosa se complica. Por un lado, los padres sufrirán cada día por si pasa algo y su hijo queda desamparado. Por otro, ese hijo lucha contra los elementos durante todos los días de su vida, viendo que son necesarios años para lograr pequeños cambios que en ocasiones son insuficientes.
Herramientas muy necesarias
Una persona con discapacidad no se siente normalizada en una sociedad que no hace más que privar de derechos que, por ley, corresponden. Debemos añadir que las propuestas bienintencionadas carecen de supervisión para su cumplimiento, por lo que no suponen una garantía real de que las cosas mejoren.
Por eso, entre otras cosas, son tan necesarios aquellos órganos y organismos, como el Consejo Asesor de Accesibilidad, que trabajan por esa accesibilidad.
De la mano de Fundación ONCE se ha creado el Consejo Asesor de Accesibilidad, compuesto por representantes de entidades sociales, organizaciones y fundaciones, además de por académicos. Todos ellos son expertos, actores y agentes que pretenden reflexionar y analizar la situación actual de accesibilidad, para mejorarla, encargándose de que sea universal e inclusiva.
Este nuevo consejo ha celebrado su primera reunión sobre discapacidad en la sociedad, contando con la participación de Inmaculada Placencia, de la Comisión Europea (Unidad de Derechos de las Personas con Discapacidad) y, a partir de ahí, buscará establecer estrategias e iniciativas que conlleven el cambio social deseado por todos.
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