El Ministerio de Hacienda acaba de hacer públicos los datos de la elección de la cobertura sanitaria por parte de los funcionarios que pertenecen al colectivo Muface, la mutualidad que agrupa a los funcionarios de la Administración General del Estado, autonómica y local adscritos a este régimen de Seguridad Social, que cuenta con más de 1,2 millones de profesionales afiliados. De ellos se desprende que más de 80 por ciento ha optado por la sanidad privada y algo más del 10 por ciento, prefieren el sistema público.
Las coberturas que ofrecen cada uno de los sistemas se han ido igualando en los últimos años, de modo tal que las muchas de las prebendas que antes se atribuían al sistema han desaparecido. El modelo Muface cuenta con partidarios y detractores. Unos creen injusto que el colectivo funcionarial tenga el privilegio de elegir entre las dos opciones, mientras el resto de la ciudadanía solo puede acceder al SNS, salvo que pueda y quiera contratar una póliza privada. Otros, por su parte, consideran que este modelo ha funcionado tradicionalmente muy bien, tanto por los índices de satisfacción de los usuarios, como por los ahorros que genera sobre el resto del sistema, en la medida que el gasto por paciente es sensiblemente inferior al del SNS.
Sea como fuere, la cuestión de fondo es que este modelo ofrece libertad de elección al usuario y éste puede ejercerla y, de hecho, lo hace. Más allá de que la opción sea pública o privada, el verdadero fondo de este asunto está en entender que podríamos estar, sin saberlo, ante un banco de pruebas en el que la competencia ha servido para que los ciudadanos (funcionarios) elijan libremente. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso y la calidad del servicio, pero no tiene porque ser necesariamente juez y parte. Son los ciudadanos los que deben poder elegir con libertad, y eso sólo se consigue a través de la libre competencia.
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