El informe elaborado por la Comisión de Expertos designada por el Gobierno para analizar las necesidades futuras del sistema público de pensiones ha encontrado partidarios y detractores. Entre estos últimos, destacan un grupo de economistas y juristas que han realizado un informe que bajo el título En defensa del sistema público de pensiones, rebaten la mayoría de argumentos esgrimidos por el comité de expertos para reformar el sistema.
Para este grupo de profesionales, a priori independientes, la reforma se hace “en el peor momento, con argumentos falsos y sin participación de la sociedad, solo dirigida a rebajar una vez más las pensiones”. Una de sus denuncias más vehementes es la falsedad de que una mayor esperanza de vida sea el factor más determinante en la viabilidad del sistema. Para justificar su postura, el documento habla del todavía bajo índice de incorporación de la mujer al mercado laboral, así como de la posibilidad de que la llegada de inmigrantes pueda traducirse en una mayor tasa de actividad.
En este sentido, lo que es indudable es que más actividad implica más ingresos pero los índices de desempleo de nuestro país no invitan actualmente a recibir más población en tanto no se generen más puestos de trabajo. Es evidente que en la creación de puestos de trabajo está la clave. Más trabajo implica más cotizantes para el sistema y, por tanto, más ingresos para las arcas de la Seguridad Social. De ahí a restar importancia al impacto que el envejecimiento poblacional tendrá, hay un abismo.
Son variados los informes que apuntan a un incremento considerable de la población anciana en nuestro país en los próximos años, y no únicamente los de entidades relacionadas con el sector bancario o asegurador. Naciones Unidas ha hecho públicos datos en los que sitúa a España como el segundo país más envejecido del mundo en 2050.
Otro de los argumentos que maneja este grupo de profesionales es el error que para ellos supone la separación total entre la Seguridad Social y el Estado, convirtiéndola en garante único de las pensiones contributivas. Cierto es que este organismo debería entenderse como una parte más del Estado Social en su conjunto, pero para lo bueno y para lo malo. Con este razonamiento, la Seguridad Social podría abrirse a nuevas vías de financiación ajenas a las cotizaciones pero también se corre el riesgo que pudiera convertirse en quien financiara otras partidas también necesitadas de liquidez, como por ejemplo las destinadas a las políticas de dependencia.
Las pensiones como derecho constitucional de los ciudadanos, la posibilidad de considerar otras fuentes de ingresos, la renta per cápita como variable estratégica o el interés implícito por favorecer intereses de los fondos de pensiones privados son otros elementos presentes en este documento. Lo que es obvio, es que se trata de una cuestión muy compleja en la que como pide este grupo de profesionales es necesario un debate sosegado e incluyente, en el que ningún actor quede fuera. Todo ello por el bien de un sistema que debe ser defendido desde la objetividad.
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