La economía colaborativa es el nombre que se le ha dado al concepto de compartir gastos, bienes o servicios propuestos por las nuevas compañías, startups o plataformas online que han surgido con Internet.
Seguro que, si te hablamos de Uber, Wallapop o AirBnB, la cosa se te hará mucho más reconocible. Muchos titulares han suscitado ya que, al tratarse de uno de los elementos más disruptivos de nuestra época, han cambiado nuestra forma de consumir. Para ello se han roto muchos moldes y no siempre agradando al entorno al que pertenecían.
¿Y en España?
El consumo colaborativo goza de buena salud en nuestro país: Wallapop es hoy la más conocida en España (por un 69% de los internautas), seguida por Vibbo (surgida del más conocido Segunda Mano). Mientras que el 92% de los usuarios aseguran conocer plataformas de este tipo, la cifra se reduce al 64% cuando se trata de saber si alguna vez la utilizaron. Sin embargo, las estadísticas muestran cómo su utilización está cada vez más extendida.
En el foro de debate Sharing Madrid, los líderes en estos nuevos modelos de negocio solicitaban también nuevas fórmulas para regular estos modelos disruptivos. En el foro se analizaron las claves para que, en el último año, el 55% de los españoles utilizara alguno de los servicios de economía colaborativa.
Problemas subyacentes
Pese a hacernos la vida más cómoda y presentar servicios que reducen ostensiblemente precios, generalmente por la carencia de intermediarios, la economía colaborativa ha levantado muchas ampollas y no solo en la competencia.
Por lo tanto, uno de los hándicap es esa “desintermediación”, seguida de la ausencia de regulación en muchos casos, como pueden ser permisos, licencias o tasas. Por ejemplo, los conductores de servicios de compartir automóvil no tienen licencia de taxista ni los que alquilan su casa para vacaciones suelen tener registrada su vivienda como pisos turísticos, en el caso de Barcelona.
Así se generan dos caras de una misma moneda que a menudo dejan en situación vulnerable al trabajador o al cliente. Todos estos servicios disruptivos han cambiado nuestra forma de entender ciertos aspectos de nuestra sociedad, pero se hace necesario implantar normativas que vigilen actividades que estén fuera de la legalidad y protejan los derechos de trabajadores y consumidores.
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